Buenos Aires, en deuda con los espacios verdes
Cada metro cuadrado disponible debería aprovecharse para dotar a la ciudad de áreas naturales de recreación y oxigenación de sus habitantes.
Plazas, parques, jardines y espacios deportivos, así como bosques, humedales y otros ecosistemas representan componentes urbanos imprescindibles. Los árboles generan oxígeno y ayudan a filtrar la contaminación dañina del aire. Los cuerpos de agua, sean arroyos, lagos, lagunas o ríos, e incluso las fuentes, moderan la temperatura. Los espacios verdes poseen un rol fundamental en el enfriamiento de las ciudades y constituyen un refugio contra el ruido.
Su desarrollo facilita la actividad física, la recreación y relajación de los habitantes de las metrópolis, al proporcionar áreas para caminar o circular en bicicleta, así como para la interacción social asociada a valores esenciales, como identidad y pertenencia. Sin dudas, estas áreas, aptas para pasear o simplemente para sentarse a leer o a conversar, mejoran las relaciones sociales y crean una cada vez más necesaria conciencia ecológica. Fundados estudios recientes confirman que la actividad física en un entorno natural contribuye a remediar la depresión leve y a reducir los indicadores de estrés y, al mismo tiempo, la inactividad física, vinculada con la escasa capacidad de caminar y la falta de acceso a áreas recreativas, representa el 3,3% de las muertes globales.
Coincidimos con la Organización Mundial de la Salud, que considera que la superficie de las ciudades destinada a espacios verdes es un indicador de calidad de vida urbana y recomienda una relación de entre 10 a 15 metros cuadrados por habitante. Muchas importantes ciudades sobrepasan holgadamente ese parámetro pero, lamentablemente, el 55% de las capitales no lo alcanza. Buenos Aires sufre ese déficit: en 1995, apenas alcanzaba los 2,5 metros cuadrados por habitante, con un lento incremento que llegó a los 6 metros cuadrados y una distribución muy desigual según los barrios.
Está claro que lo antedicho no es solamente un componente estético dentro del paisaje metropolitano: los ecosistemas urbanos reducen los impactos sobre el ambiente y contribuyen también a la conservación de la biodiversidad. Por todo esto, el aumento de la densidad urbana demanda, al mismo tiempo, una indispensable generación de nuevos espacios. Nunca su reducción. Incluso, la habilitación de ciclovías, nuevos monumentos y la asignación de permisos para el desarrollo temporario de acciones públicas o privadas sobre zonas verdes también limita, cuando no degrada, esos espacios naturales.
Vender un predio para darle un destino inmobiliario diferente no debería obedecer solamente a un objetivo de rentabilidad. Tampoco deberían acomodarse las normas a voluntad para que tanto los privados como alguna dependencia oficial cuelguen un cartel de remate sin un destino claro para una propiedad cuando la calidad de vida urbana está en juego.
En estos días se difundió que el gobierno porteño planificaba trasladar al Cuerpo de la Policía Montada de Palermo, allí afincada desde 1938. El predio ocupa más de 7 hectáreas, delimitadas por las calles Cavia y Chonino y las avenidas Casares y Figueroa Alcorta, y es asiento también de la Unidad Antiterrorista, de la división Cibercrimen, de la sede regional para Sudamérica de Interpol y del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF). El tratamiento del proyecto quedó fuera del temario de la última sesión ordinaria de la Legislatura porteña ante la imposibilidad de que el oficialismo reuniera los votos para su aprobación. El expediente pasó a la Comisión de Planeamiento Urbano para su análisis.
Cuando una propuesta contempla liberar una superficie urbana para dedicarla a recreación y espacios verdes, por lo general la actividad cultural y comercial va asociada, lo cual incluye locales gastronómicos o de esparcimiento. Sin embargo, cuando además se incorpora el desarrollo de «nuevas áreas residenciales», como en el caso que nos ocupa, la ecuación puede cambiar en perjuicio de los ciudadanos. Necesitamos más espacios verdes, por lo que celebramos la participación de actores independientes de la sociedad civil que promueven la conservación y el acrecentamiento del patrimonio urbano.
En esta misma dirección, días pasados, ingresó y obtuvo luz verde en la Legislatura porteña un proyecto de ley que autoriza la venta de los terrenos donde actualmente funcionan Costa Salguero y Punta Carrasco, en la zona de la Costanera. Se trata de 23 hectáreas frente al Río de la Plata cuyo destino sería un «desarrollo urbanístico». Los fondos surgidos de la venta, se propicia, tendrán como destino el financiamiento de «infraestructura de salud, educación, transporte, equipamiento social, espacios públicos, soluciones hidráulicas, vivienda social, promoción del alquiler social y reurbanización de barrios vulnerables». ¿Quién podría cuestionar tan loables objetivos? Pero debemos tomar conciencia de que el único destino posible debería ser su reacondicionamiento para mejor aprovechamiento como espacio verde público. En este terreno, nunca mejor dicho literalmente, cualquier urbanización no ofrece vuelta atrás, sobre todo cuando la franja costera es tan limitada y sus posibilidades, atractivas. Mirar nuevamente a los ríos y aprovechar todas sus ventajas viene siendo una tendencia arquitectónica instalada globalmente. Dejar estas superficies para desarrollos inmobiliarios privados despoja a la comunidad de posibles nuevas áreas de esparcimiento público.
Las obras de la ciudad y los fondos para áreas claves como salud o educación, deben surgir de asignaciones presupuestarias debidamente planificadas. No podemos aspirar a partidas excepcionales surgidas de ventas de terrenos o propiedades como las que se proponen a costa de renunciar a los imprescindibles pulmones que la salud ciudadana necesita casi tanto como respirar.
Tras 25 años de planeamiento, la ciudad brasileña de Curitiba ha logrado convertirse en un ejemplo de superación de conflictos urbano-ambientales sin resignar el desarrollo urbano e industrial. Pasaron nada menos que de una relación de 1 metro cuadrado a 50 metros cuadrados por habitante de espacios verdes. Dada la envergadura del tema, convendría incorporar actores a la planificación con mecanismos transparentes de participación para evitar el uso exclusivamente económico o político de medidas que persiguen una rentabilidad a costa del patrimonio de todos los ciudadanos. Debemos asumir el compromiso de construir ciudades más sustentables, lo cual presupone dinamizar los procesos de reconversión y propiciar la creación de nuevos espacios verdes para evitar que los comunitarios de uso colectivo se trasladen exclusivamente a shoppings, gimnasios o clubes sociales. Con el fin de que sean más aprovechables, los espacios verdes públicos necesitan tener definida una función, deben ser convocantes y atractivos para no convertirse en focos de inseguridad o insalubridad. Para ello, tienen que contar con adecuado mobiliario urbano, la vegetación y el arbolado deberán estar bien mantenidos y no deberá faltar una iluminación acorde.
Propiciamos una planificación urbana que devuelva a los espacios verdes la relevancia que necesita la sociedad y que no deben perder. Los habitantes actuales y las generaciones futuras lo agradecerán.
FUENTE: LA NACIÓN-14/12/2019.
