El conflicto sobre ex Padelai continúa
Familias que reclaman vivienda volvieron a ocupar el polémico predio
Por Daiana Ducca
Al cumplirse 261 días de acampe frente a lo que, en su momento, fue el Patronato de la Infancia (PADELAI) y donde actualmente se encuentra instalado el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), el domingo 6 de mayo el predio fue nuevamente ocupado por 62 familias afectadas, entre las que había alrededor de 50 niños.
El presidente de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo San Telmo Ltda. Carlos “Tito” Vargas afirma que mantuvieron varias reuniones con el presidente del CCEBA, Ricardo Ramón Jarne antes de este suceso.
Según Vargas, en una de esas reuniones Jarne manifestó que no pensaba “invertir” porque no tenía “seguridad” en cuanto a la situación jurídica que existe en torno a la propiedad y que estaba pensando en “irse y dejar el lugar”. Noemí Mealla, miembro de la cooperativa afirmó que esa misma noche “vino la policía” y tomó intervención la fiscalía dando “la orden para censar a toda la gente”.
Por otro lado, Vargas aseguró que el ingreso se realizó “con conocimiento y consentimiento” de Jarne (aunque luego el Director del CCEBA lo negó en declaraciones a la prensa) y afirmó “En la última reunión que tuvimos con él, delante nuestro llamó a los vigiladores del Centro Cultural y dio la orden de dejarnos entrar.” Detallando la intervención del director, Vargas revela que “solo nos pidió que le avisemos cuando tomáramos la decisión de entrar. Salimos desconcertados de la reunión –prosigue- y ese mismo fin de semana lo evaluamos con todas las familias y decidimos entrar”.
El abogado de la Cooperativa, César Arias, asegura que no hubo usurpación “porque no hubo violencia, fue una entrega consensuada”. Sobre esto, menciona firmemente que hay pruebas: “la fiscalía ya ha reunido todos los elementos, faltan solo los videos filmados por las cámaras de seguridad, que ellos aún no han entregado”. Entre esas pruebas, se hallan copias pertenecientes al libro de actas del personal de seguridad privada que vigila el predio, cuyas entradas de la noche de la ocupación y días anteriores, incluyen la orden a los vigiladores de permitir el ingreso a los acampantes, si así lo desearan, evitando “todo hecho de violencia”. Se detalla que se debía, “facilitar las llaves si la piden y avisar al director Ricardo Jarne”.
Ampliando el contenido de dicho cuaderno, el Dr. Arias menciona la hoja correspondiente a la foja del libro de novedades del día 6 de Mayo presentada a la fiscalía, en la que puede leerse que “Se comunica al Sr. Director de la toma del edificio, se le entrega la llave de entrada principal, salón grande portón Balcarce y llave con control remoto de San Juan cochera, como dijo el Director”.
El procurador General de la ciudad -Julio Conte Grand- respecto a este tema, afirma que “Hubo un proceso, un alegato y una apelación y ahora todo está en manos de la justicia”.
Para constatar esta información o conocer la opinión refutadora, en la versión de la administración del edificio, este periódico no ha logrado obtener declaraciones del Sr. Ricardo Jarne.
Haciendo un poco de historia…
Recordemos que todo comenzó cuando en 1978 el Patronato de la Infancia, fue expropiado por el gobierno militar y abandonado por largo tiempo, hasta que en 1984 fue ocupado por las familias. A fines de 1991 en acuerdo con las autoridades durante la intendencia de Carlos Grosso las familias formaron la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo San Telmo Limitada. El gobierno en ese momento les entregó el título de propiedad por el 70% del inmueble para que construyan viviendas, el 25% para equipamiento comercial y 5% equipamiento comunitario.
Ese contrato no se cumplió y en 1996 las familias demandaron al Gobierno de la Ciudad para lograr un traslado a una vivienda adecuada. En tal contexto se otorgaron a las familias que vivían en el inmueble, subsidios y créditos a pagar en 15 a 20 años bajo la condición de que renunciaran a cualquier tipo de reclamo. Algunas de ellas aceptaron la oferta, mientras que otros se negaron, pidiendo “escritura por escritura”, es decir: una vivienda asegurada a cambio de irse.
En 2003, el Ejecutivo de la Ciudad desalojó a los ocupantes por peligro de derrumbe. La Cooperativa inició -en ese momento- una causa en la Justicia porteña por daños y perjuicios por $45 millones.